GRANDES BRECHAS DE GÉNERO
Cambiar esta realidad desde la esfera del Estado requiere, entre
otras cosas, de voluntad política, un marco normativo suficiente, instituciones
para gestionar la tarea y presupuesto suficiente para hacerlas funcionar. Hasta
donde se sabe, la primera de ellas existe, y la ostensible presencia femenina
en espacios de toma de decisiones del Gobierno nacional es prueba de ello (lo
cual no ocurre en el resto de los gobiernos subnacionales).
Un marco normativo suficiente está en pleno proceso de
construcción, y además de medidas de redistribución como el bono Juana Azurduy,
hay otras de carácter protectivo, como la Ley Integral para Garantizar a las
Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348). Lo que falta, sin duda, son las
instituciones, establecidas en las normas citadas y en otras similares, y el
dinero para que cumplan su objetivo.
Así lo ha demostrado, además, un estudio de la Coalición de
Mujeres publicado en abril, en el que se evidencia que la disparidad de género
aún está marcada en el país y ello se refleja, por ejemplo, en la tasa de
analfabetismo de mujeres que triplica a la de varones; en la remuneración
laboral más baja que reciben ellas; y en las prácticas culturales patriarcales
de los pueblos indígenas.
En ese marco, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), en coordinación con
instancias gubernamentales, se ha propuesto eliminar estas y otras diferencias
a través del costeo de políticas y mecanismos que permitan afrontar el
problema. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para
lograr la equidad de género, la región de América Latina y el Caribe tiene
desafíos comunes en los ámbitos informativo, político, técnico, financiero e
institucional. Según la Coordinadora del Programa de Presupuestos Sensibles al
Género, de ONU Mujeres, “en Bolivia estamos muy avanzados en leyes para la
equidad de género, pero lo que nos falta es promover la institucionalización de
todo esto y ello parte de fortalecer un mecanismo propio que promueva acciones
y políticas”.
El reto es grande, pero ojalá que no más grande que la voluntad
manifestada hasta ahora. Toca que todos los niveles gubernamentales reconozcan
que esta tarea los convoca tanto como al resto de la sociedad, y que en la
planificación participativa se considere la dotación de presupuesto para hacer
realidad las políticas públicas contra la discriminación de género. Un nuevo
país puede ser el resultado.
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